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Reino Unido y la Unión Europea han cerrado este viernes en Bruselas un acuerdo para eliminar algunas de las barreras creadas por el Brexit, aunque su aplicación dependerá de una última negociación. El Gobierno laborista de Andy Burnham ha pactado con los Veintisiete facilitar el comercio de alimentos, ampliar las oportunidades de movilidad para los jóvenes y estrechar la cooperación energética. Pero Bruselas ha impuesto una condición: ninguno de esos acuerdos entrará en vigor hasta que Londres acepte una solución sobre las tasas universitarias que pagan los estudiantes europeos en Reino Unido. Ambas partes se han dado seis meses para resolver la disputa.

Desde el Brexit, los estudiantes procedentes de la UE pagan generalmente las tarifas reservadas a los alumnos internacionales, que pueden alcanzar los 43.000 euros anuales en determinadas titulaciones. Los británicos, en cambio, abonan hasta 11.100 euros por un curso universitario ordinario. Londres ha ofrecido reducir las tasas de los europeos hasta 13.600 euros, pero Bruselas reclama que reciban el mismo trato que los estudiantes nacionales. Aceptar esa condición podría costar varios cientos de millones de libras al sector universitario británico, que atraviesa dificultades financieras.

Bruselas aceptó el jueves por la noche aplazar durante seis meses la resolución de este asunto, después de unas negociaciones que se prolongaron hasta la madrugada. Postergar el problema no equivale a aceptar la propuesta británica, pero sí permite a Burnham salir de la cumbre con los pactos negociados y evitar proyectar una imagen de estancamiento, como ha ocurrido en buena parte de las negociaciones entre Londres y Bruselas desde el Brexit.

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Entre las medidas acordadas figura un nuevo programa de movilidad juvenil que permitirá conceder hasta 100.000 visados anuales a ciudadanos europeos de entre 18 y 31 años para trabajar y estudiar temporalmente en Reino Unido. Londres había ofrecido inicialmente 50.000 plazas, pero duplicó la cifra durante las conversaciones. El mecanismo será recíproco y abrirá oportunidades equivalentes para los jóvenes británicos en los países comunitarios. El Ejecutivo británico insiste en que no supone recuperar la libre circulación anterior al Brexit, puesto que los permisos tendrán una duración limitada.

Otro de los principales acuerdos permitirá reducir los controles sanitarios y la burocracia que dificultan las exportaciones de alimentos y bebidas entre Reino Unido y la UE. A cambio, Londres deberá adaptar parte de su legislación a las normas comunitarias. Esa cuestión provocó uno de los últimos enfrentamientos con Francia, que se oponía a conceder a los británicos capacidad de decisión sobre las futuras reglas europeas. Finalmente, París aceptó que expertos británicos participen en su elaboración, aunque sin derecho a voto.

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Los dos socios también han pactado coordinar sus sistemas de comercio de emisiones de carbono y abrir conversaciones sobre una eventual incorporación británica al mercado europeo de electricidad. La cooperación se ampliará además a la seguridad marítima, la defensa, el apoyo a Ucrania y la lucha contra la inmigración irregular, con un nuevo diálogo sobre la devolución de solicitantes de asilo rechazados a terceros países.